Lic. Eurípides A. Uribe Peguero
Sobre mí
Nativo de Hato Mayor donde cursó
sus estudios primarios y secundarios. Es egresado de la Academia Naval de la
Marina de Guerra, donde obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Navales.
Desempeñó funciones de mando en unidades navales, bases y comandancias de
puerto. Ocupó las principales funciones del Estado Mayor de su Institución:
Jefe y Sub-Jefe de Estado Mayor. En retiro de las filas militares desde el año 2004. Ha escrito dos
libros. "Las Fuerzas Armadas entre luces y sombras" y "Las
Caretas de La Democracia: Descubriendo Falsedades". Ejerce de articulista
habitual en medios escritos y digitales.
De los ex militares que apoyaron
a Hipólito Mejía en el pasado proceso electoral y de todo el pueblo dominicano
se podía esperar cualquier reacción si alguien trataba de desconocer la
voluntad popular expresada en las urnas, ganara Hipólito o Danilo. Todos
debíamos salir al frente ante tal desconocimiento. Ningún miembro del MR con
Papá,dijo que tendríamos una reacción violenta si Hipólito Mejía perdía las
elecciones (las declaraciones del General Candelier fueron sacadas de contexto,
pero él no pertenecía a nuestro movimiento). Como era deber de cualquier
dominicano, reaccionaríamos si nuestro candidato ganaba les elecciones y no se
reconocía el triunfo. ¿Se explicaba la hostilidad de la JCE y de la PME contra
quienes apoyábamos a Hipólito, como un anticipo de la represión oficial para
imponer a Danilo por la fuerza si era él quien perdía las elecciones?
Las afirmaciones del Presidente
de la JCE y el jefe de la PME, sobre “subvertir el orden”, “provocar guerra
civil”, “suplantar autoridad legítima”,etc, fueron argumentos para justificar
sus excesos contra quienes solo tenían la intención de velar por la
transparencia del proceso, la misma obligación que ellos tenían. Atribuir
ahora, acciones fuera de Ley a quienes resultaron víctimas de sus atropellos,
es una irresponsabilidad, inconsecuente con la realidad.
Decir que el dinero que circulaba
el día de las elecciones, era parte de“la estructura de movilidad de votantes
que montaban los partidos” es evadir la realidad y ver los hechos desde la
perspectiva partidaria con la cual se manejó la JCE. El dinero que más se movió
fue el que se distribuía desde los maletines de los funcionarios y grupos
furtivos, armados hasta los dientes que se movilizaban con libertad durante el
día de las elecciones.
Resulta contradictorio que el
profuso mercado de cédulas que se implementó desde semanas antes y el mismo día
del escrutinio, fuera visto por el Presidente de la JCE como un “mercado
imaginario”, mientras que no tuvo la misma miopía para encontrar fantasmas de
“Guerra civil”, “paramilitaresmerodeando por los recintos” y “enemigos de la
JCE” en todo quien le hiciera una observación pertinente sobre alguna
irregularidad.
En cuanto a las erráticas
declaraciones del General Guerrero,prestándose a la articulación de una trama
ficticia, que solo responde al posicionamiento político del Presidente de la
JCE, es obvio que está en “búsqueda” de un espacio en el mando militar en el
nuevo gobierno. Solo el enanismo mental de este oficial pudo hacerle pensar que
teníamos planificado,“impedir que la gente acudiera a votar a partir de las 2
de la tarde del día 20 de mayo”.Eso, además de una burda invención, es un gran
disparate.
En la tarde del día 5-6-12, en la
Z101, fue leído un documento preparado por ex oficiales que apoyaron la
candidatura de Danilo Medina. Era una Directiva, similar al Plan Estratégico
que preparó el MR con Papá para organizar sus actividades el día de las
elecciones. Esos ex militares, quienes también estuvieron vigilantes en todo el
país durante ese día, no fueron desarmados, ni perseguidos, tiroteados, ni
apresados. Actuaron libremente. ¿Se referían a ellos el Presidente de la JCE y
el Jefe de la PME cuando mencionaron “Paramilitares merodeando los Recintos”?
Los hechos reales
El día de las elecciones, hice un
recorrido por las 5 provincias del Este. Llegué a Hato Mayor a las 10:30 de la
mañana. En la Escuela Pública Bernardo Pichardo estaba instalado uno de los
Recintos electorales de la población. Frente a ese Recinto operaba un grupo de
peledeístas locales comprando cédulas públicamente. Se lo reporté a un capitán
de la PME de servicio en el lugar y me respondió que no tenía órdenes para
detenerlos. Frente al Recinto instalado en el colegio de las monjas de la misma
población, el PLD tenía habilitada una casa donde compraban cédulas
abiertamente ante la mirada indiferente de los militares que custodiaban el
lugar. Era la reproducción de lo que estaba ocurriendo en todo el país.
¿Qué hacia en el Seibo el
Contralmirante Miguel Ángel Suárez Núñez, vestido de civil y en compañía del
reconocido peledeísta seibano, William Jacobo, seguidos por cinco yipetas
negras ocupadas por varios civilesarmados? Un Fiscal fue detectado en Sabana de
la Mar y otro en Higüey comprando cédulas haciéndose acompañar de gente armada.
En esta última población, un guardaespaldas del Gobernador, quien se movilizaba
amedrentado a los votantes, hirió de bala a tres perredeístas. La JCE y la PME
al parecer no recibieron informaciones de este vandalismo oficial.
Sobre las “amenazas en Cotuí”, la
JCE intenta opacar el abuso que cometió el General Brown contra el ex General
Rodríguez y Rodríguez, a quien junto a otras personas, amenazó de muerte y
detuvo en forma humillante. El general Brown, tiene ahora dos grandes “méritos”
como oficial policial; uno es haber desconsiderado a un General de las Fuerzas
Armadas, encañonándolo y arrodillándolo, a pesar de habérsele identificado y el
otro es haberse humillado él, con el indigno trabajo de ser el sirviente
personal por varios años del pelotero Sammy Sosa. La “amenaza” que realizaba el
General Rodríguez era interferir en la compra de cédulas que hacían los
peledeístas en Cotuí.
Los ex militares estamos
facultados a la tenencia de armas. Ese día estaba prohibido portarlas y a eso
nos acogimos, sin embargo, algunos, como el caso del General Rodríguez,
pudieron llevarlas en sus vehículos (esto no es Porte). Este oficial y otros
miembros de nuestro Movimiento, fueron despojados de armas que mantenían en sus
medios de transporte. Eran sus armas autorizadas, las cuales no utilizarían con
fines sediciosos ni terroristas. A las armas del General Rodríguez, les fueron
agregadas algunas “chilenas”, para justificar un expediente mostrenco que le
han preparado. El aparataje del desarme de ex militares ligados a Hipólito
Mejía, se hizo para sacar de circulación a gente que estaba vigilante para que
la compra de cédula no se produjera. Lo de Paramilitares, es para dar
justificación a la ignominia que se cometió contra ellos.
Una situación similar se produjo
contra otros ex militares que desde distintos puntos del país observaban el
desarrollo del proceso de las elecciones. En ese tenor fue tiroteado el
vehículo del ex General Manzueta en Monte Plata, detenido el ex general
Rodríguez Vidal en Pedernales, acosado el General de Oleo en San Juan de la
Maguana y amedrentado el Contralmirante Rojas de Veras en la fortaleza de El
Seibo.
Aunque las respuestas son
evidentes, hay interrogantes a las cuales, el Magistrado Rosario Márquez no da
ninguna explicación ¿Por qué tan marcada hostilidad anti perredeísta en la JCE
y la PME, si ambas entidades estaban llamadas a arbitrar y ser ente de
seguridad con carácter imparcial? Y por el contrario, ¿por qué tanta anuencia y
confabulación con las posiciones peledeístas de parte de estos organismos?
¿Cómo se podían aportar fotos
probatorias de la compra de cédulas, si los miembros de la PME, como fue hecho
en Azua contra un periodista, destruían las cámaras a quienes trataron de
hacerlo?
Grupos paramilitares son bandas
terroristas para subvertir el orden establecido. Son grupos ilegales que usan
las armas para conseguir propósitos personales. Atribuido a ex militares, con
sobrado historial demócrata y de probada ecuanimidad, es una injusticia
imperdonable. Una acción malévola y llena de mala fe, que contrasta con la
responsabilidad que se espera de quien representa un organismo tan delicado
como la JCE. Tampoco se esperaba de un General de las FFAA, quien no debía
descalificar tan alegremente a gente que en alguna forma participó en su
formación militar, fueron sus instructores y superiores y por lo menos, merecen
consideración y respeto.
Estos excesos de quienes estaban
llamados a proceder con mesura e imparcialidad, se explican en el intento de
echar lodo a la imagen del candidato que no gozaba de la mejor voluntad de
quien dirigía el organismo electoral. Es también un intento de rescatar la
imagen ensombrecida del Presidente de la JCE, luego de auspiciar un escrutinio,
cuyos resultados resultaron ilegítimos, por la falta de equidad en la labor que
le correspondió.
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